Según el informe FOESSA de Cáritas que hemos conocido en estas últimas semanas, el aumento de la exclusión social ha crecido en aquellos hogares sustentados por mujeres, con una incidencia de exclusión del 23 % frente al 21 % en el caso de los hombres. También hace especial hincapié, en aquellos hogares monoparentales a cargo de mujeres, donde la incidencia de la exclusión social es del 33%, siendo especialmente intensa en mujeres menores de 45 años.
Contrastamos que el riesgo de pobreza en las familias monoparentales se disparó en un 47% según un informe del alto comisionado contra la pobreza infantil, por lo que la implementación de medidas se hace necesaria para una vida más digna y no caer en situación de pobreza.
Madrid tiene registradas unas 266.700 familias encabezadas por una madre en situación económica difícil y en la que el 90 % de sus hogares no reciben ningún tipo de ayudas económicas equiparables a las familias numerosas.
En 2019, durante la pasada legislatura entre Partido Popular y Ciudadanos, se comenzó la tramitación de un decreto para regular el reconocimiento de estos hogares encabezados sólo por un padre o una madre y su acreditación mediante un carnet para que pudieran optar a beneficios similares a los de los padres con tres o más hijos, esperando su terminación el pasado año 2021.
El Partido Socialista de Boadilla cree que, a pesar de que el Partido Popular dijera tener a las familias en el centro de sus políticas durante las pasadas elecciones, ahora en los presupuestos de la Consejería de Política Social para 2022 no se mencionan ni una sola vez las familias monoparentales en sus 292 páginas. Sí figuran, en cambio, las numerosas, para las que se plantea una mejora de los beneficios que se les aplican a través de los fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
El Gobierno de España viene desarrollando una ley estatal que se encuentra en trámite de audiencia para poder terminar su andadura legislativa. Mientras tanto, el Grupo Municipal Socialista ha presentado una propuesta al Pleno de marzo para instar a la Comunidad de Madrid a retomar la regulación de este colectivo de familias mediante el decreto que esperaba su terminación para el pasado año, ya que varias Comunidades Autónomas ya tienen legislada esta situación como son Aragón, Valencia, Cataluña, Navarra, Cantabria y Baleares y a finales de 2020 Castilla y León. Una vez más, Madrid se queda esperando una solución a un problema en una tesitura de confrontación sin sentido.
Por eso, el Portavoz del Grupo Municipal Socialista pide que se inste a la Comunidad de Madrid para que continúen con el desarrollo normativo para adelantar ayudas a estas familias y mientras tanto, que el ayuntamiento, facilite reducciones económicas, como en tasas y precios públicos, siempre ateniéndose a criterios de renta y número de miembros de la unidad familiar.